Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Desde entonces, su paradero es desconocido. Provea, otra ONG, exige su liberación y denuncia este acto como parte de una práctica de persecución contra los defensores de derechos.
Además, San Miguel, reconocida internacionalmente por su expertise en asuntos militares, ha sido vinculada al caso “Brazalete Blanco”. Este caso es una de las cinco supuestas conspiraciones que el gobierno bolivariano utiliza para justificar su ofensiva contra la oposición y las ONGs.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó recientemente al Gobierno venezolano a cumplir la sentencia del caso Lista Tascón, una causa defendida por San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang desde hace casi dos décadas.
En este sentido, Provea afirmó: “Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano”. Actualmente, las cárceles de Nicolás Maduro albergan a 261 presos políticos, incluyendo a 18 mujeres, tres de ellas con nacionalidad española.
Finalmente, cabe destacar que Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, también permanece detenido, acercándose a los mil días en prisión. Al igual que San Miguel, Tarazona ha destacado por revelar información sobre la relación de la revolución bolivariana con las guerrillas colombianas.
La líder opositora Delsa Solórzano denuncia que la desaparición de San Miguel constituye una grave violación a los derechos humanos y al debido proceso.
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