Caracas, 15 de febrero de 2024 - El régimen de Nicolás Maduro expulsó este jueves a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) de Venezuela, acusándola de "instrumentalizar" su trabajo en contra del gobierno. La medida se produce después de que la ONU expresara su "profunda preocupación" por la detención de la activista Rocío San Miguel, crítica de Maduro.
El canciller Yvan Gil calificó a la ACNUDH de "bufete particular" de los opositores al gobierno y ordenó la salida de su personal en 72 horas. La decisión se mantendrá hasta que la ONU "rectifique públicamente" su actitud "colonialista" y "violadora" de la Carta de las Naciones Unidas.
El régimen venezolano revisará durante 30 días la cooperación con la ACNUDH y determinará si renueva su presencia en el país. La Oficina Técnica de Asesoría del ACNUDH se instaló en Venezuela en 2019 para brindar apoyo en materia de derechos humanos.
La ONU denunció una "ola de represión" contra opositores en Venezuela, incluyendo la detención de San Miguel, acusada de "terrorismo". La Misión de Investigación de la ONU señaló que la detención de San Miguel y otros actos recientes "forman parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos".
La Misión de la ONU también mencionó la detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, la inhabilitación de líderes opositores y la privación de derechos a los investigados por "conspiración".
La detención de San Miguel y su hija sin información sobre su paradero configura una "desaparición forzada", según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La información tardía e incompleta sobre su estado "infunde temor" entre quienes critican al gobierno, responsabilizando al Estado bajo el derecho internacional.
La expulsión de la ACNUDH es un duro golpe para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional debe condenar esta acción y exigir la libertad de San Miguel y todos los presos políticos.
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