Gonzalo Albano Gutiérrez.- Las protestas postelectorales en el estado Cojedes dejaron un saldo de 35 personas detenidas, acusadas de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Estas detenciones evidencian un contexto de creciente tensión política y social en el país, donde las acciones del gobierno y los cuerpos de seguridad han sido objeto de críticas por parte de organismos defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional. La situación vivida en la región llanera plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.
Debido a la solicitud y al temor expresado por los familiares de las personas detenidas, en este trabajo periodístico se omiten nombres, ubicaciones y cualquier dato que pudiera perjudicar a las víctimas.
Según los datos proporcionados por el Foro Penal y un grupo de abogados, a través de sus acompañamientos legales y la documentación de casos, el número total de personas aprehendidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), la coordinación estadal de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (DIP-PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), asciende a 35.
1. Las acciones del gobierno para encarcelar a estos ciudadanos resultaron en la detención de individuos que no estaban involucrados en ninguna manifestación; simplemente regresaban de sus trabajos y se encontraban en un lugar donde, lamentablemente, no debían estar.
2. Es la primera vez en la historia, que se imputan por los delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria a residentes del estado Cojedes.
3. Las aprehensiones tuvieron lugar en los municipios San Carlos, Tinaco y Tinaquillo.
4. Tres adolescentes fueron encarcelados e imputados por el crimen de terrorismo.
5. Las competencias de todos los casos en Cojedes fueron trasladadas a Caracas, donde se encuentran los tribunales de control que procesan y atienden delitos de terrorismo y traición a la patria.
6. El traslado al Distrito Capital, donde están radicadas sus causas y defensores públicos, complica la situación debido a la falta de recursos económicos. Los hechos por los cuales están imputados pueden ser refutados en la fase de investigación, pero la lejanía y las dificultades para trasladar a personas que no cuentan con los medios suficientes, afectan enormemente sus opciones de defensa.
7. Las protestas en Cojedes no alcanzaron un extremo que justifique la imputación por estos crímenes, lo que no se compagina con la realidad.
8. En todos los casos, durante las audiencias de imputación, se impidió el acceso de abogados privados, lo que constituye una violación a los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, específicamente al derecho a la defensa.
9. En el marco de las protestas postelectorales, una mujer de 19 años, cuya identidad se omite por razones de seguridad, fue detenida, luego de que una jefa de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) la denunciara ante las autoridades por terrorismo e incitación al odio.
La joven fue encarcelada en los calabozos de la Delegación Municipal Tinaquillo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); no obstante, a raíz de una severa complicación médica, debió ser trasladada de urgencia al hospital Joaquina de Rotondaro, donde continúa internada porque su estado de salud es delicado.
“Los ciudadanos aprehendidos en Cojedes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio representan un hecho sin precedentes en la región. La acusación de estos individuos por el delito de traición a la patria es desproporcionada, considerando que las acciones de los capturados no justifican tales imputaciones”, aseguró Néstor Gutiérrez, coordinador de la ONG Foro Penal en los llanos cojedeños.
En relación al delito de incitación al odio, Gutiérrez expresó que, “es fundamental recordar que este se enmarca en un contexto político que ha llevado a una radicalización, ampliación y tergiversación de los parámetros establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para imputar dicho delito. Además, la Ley Contra el Odio excede los límites y las sanciones son inapropiadas”.
Asimismo, el representante legal, aseguró que, para que se configure el crimen de traición a la patria, se requieren pasos previos que deben ser coordinados, corroborados y consensuados, lo que implica una investigación exhaustiva, por lo que, para él, los señalamientos en estos casos son un exabrupto.
“Es importante resaltar y dejar claro que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estatuto de Roma, las leyes y los tratados internacionales, los adolescentes y menores de edad, están excluidos del delito de terrorismo, por lo tanto, no pueden ser encarcelados y acusados; por ello, estamos analizando todos los escenarios, enfoques, jurisprudencias y legislaciones, para presentar los recursos necesarios ante los tribunales y resolver estas injusticias”, aseveró el asesor jurídico.
Tras esta reciente experiencia, Néstor Gutiérrez concluye que, “el trato que han recibido estos ciudadanos privados de libertad por parte del poder judicial, al impedir que sus familiares los visiten y limitar su acceso a abogados privados, junto con la ocultación de información necesaria para su defensa, no envía un mensaje de justicia. En cambio, transmite un mensaje de temor, lo que lleva a que los ciudadanos no respeten al Estado, sino que le tengan miedo. Esta situación se aleja de lo que establece el artículo 49 de la Constitución, que garantiza el derecho a la debida defensa”.
La Dra. Rosaura Herrera de Uzcátegui, destacada abogada del estado Cojedes, relató con pesar el intento frustrado de defender a uno de los manifestantes arrestados en las protestas posteriores a las elecciones. En una entrevista exclusiva, la letrada compartió los pormenores de su dura experiencia al intentar ejercer la defensa técnica de su cliente.
“Todo comenzó cuando una familiar se acercó a mí en el Instituto de Investigaciones Penales de San Carlos, solicitando que defendiera a su pariente, quien se encontraba recluido en esas instalaciones. Tras una breve entrevista, el detenido me firmó un documento que me autorizaba a actuar como su defensora privada.”
“Con el poder en la mano, me dirigí al Circuito Judicial Penal del estado Cojedes para consignar el documento. Sin embargo, al llegar, el personal del tribunal se negó a recibirlo. Aproximadamente a la 1:30 pm, los funcionarios informaron que los detenidos llegaron al Circuito Judicial, para acudir a sus audiencias de presentación.”
“Cuando solicité ingresar al recinto para asistir a la audiencia, me dijeron que no se me permitiría el acceso. Los trabajadores del juzgado indicaron que debía esperar a que mi defendido me nombrara durante la sesión.”
“A las 3:30 pm, por órdenes de Luis Enrique Yépez Silva, presidente del Circuito Judicial Penal, el personal de seguridad me conminó a abandonar el lugar. A pesar de que presenté una queja formal por escrito, tanto yo como otros 8 colegas fuimos amenazados con ser desalojados por la fuerza si no acatábamos la orden de salir del recinto.
“Debido a este amedrentamiento tuvimos que marcharnos, literalmente nos echaron a la calle.
“La audiencia de imputación se llevó a cabo sin mi presencia. Durante la misma, mi cliente comunicó a los alguaciles que su defensora privada estaba afuera, pero ellos le informaron que no había nadie en el tribunal o en sus inmediaciones.”
“Los funcionarios le recomendaron aceptar la defensa pública, argumentando que, si no lo hacía, se enfrentaría a la audiencia telemática con los jueces de Caracas sin asistencia legal. En una reunión posterior con los defensores públicos, ellos recomendaron al acusado, no contratar a un abogado privado, alegando que el costo financiero era elevado y que eso podría empeorar el estatus de sus casos.”
“Nosotros no tenemos nada en contra de los defensores públicos; no dudamos de su capacidad. Sin embargo, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), así como los artículos 12 y 127, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), establecen que toda persona tiene el derecho a la defensa y asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Esto significa que tienen la libertad y la potestad de elegir abogados de confianza. Por lo tanto, se violaron sus derechos jurídicos, humanos y constitucionales.”
“En Venezuela, la imputación del delito de terrorismo se utiliza para generar inhibidores sociales y sembrar un miedo generalizado en la sociedad. Esto se llama “terrorismo de Estado”. Particularmente en Cojedes, ninguno de los casos cumplió con la serie de elementos necesarios para configurar el crimen; no se dieron ni se comprobaron los supuestos de hecho.”
El abogado Oswaldo Ríos, quien también intentó brindar asesoría y ayuda legal a las personas arrestadas en Cojedes, denunció que los detenidos son forzados a renunciar a su derecho a la defensa privada mediante coacción, haciéndoles creer que su situación empeorará si optan por mantenerla. Esta presión es tan intensa que muchos familiares se sienten intimidados al intentar comunicarse con nosotros de manera pública.
Ríos, también subrayó que, los delitos que se les atribuyen a los manifestantes son extremos y desproporcionados, lo que parece un claro intento de criminalizar la protesta pacífica, un derecho humano fundamental en cualquier sociedad moderna.
Igualmente, el jurista se refirió al trato irrespetuoso que él y sus colegas recibieron por parte de Luis Enrique Yépez Silva, presidente del Circuito Judicial Penal de Cojedes, quien en dos ocasiones los desalojó del cubículo destinado a los defensores privados y además los obligó a permanecer en la calle junto a los familiares de los presos.
“Presentamos una denuncia por escrito, pero la rechazaron, eso solo evidencia una profunda falta de respeto hacia el derecho de los defensores y una indiferencia total ante la situación crítica que viven los privados de libertad”.
Al menos 28 ciudadanos de Cojedes se encuentran recluidos en la “Máxima de Tocuyito”, un centro penitenciario ubicado en el municipio Libertador del estado Carabobo. Varios allegados de los detenidos, que han solicitado permanecer en el anonimato por temor a represalias, han denunciado serias violaciones a los derechos humanos en esta cárcel.
Los testimonios revelan que los internos enfrentan condiciones alarmantes. Muchos de ellos presentan signos de desnutrición y, tras más de 60 días, solo han podido salir al patio en tres ocasiones para recibir luz solar. Además, en una oportunidad, durante cuatro días consecutivos les impidieron y les negaron el consumo de agua.
Las familias sospechan que la comida que reciben incluye carne molida de animales, ya que han encontrado pezuñas y pulgas en ella. Los alimentos son entregados en mal estado y emiten olores desagradables, mientras que los detenidos no cuentan con jabón ni productos básicos de higiene personal.
La situación emocional de los internos también es preocupante. Muchos se encuentran sumidos en una profunda depresión, y algunos han expresado intenciones de suicidarse. En cuanto a su derecho a la defensa y asistencia jurídica, se ha informado que no se les ha permitido elegir a sus abogados privados. La defensa pública, que ha sido asignada a algunos de ellos, los ha atendido de manera deficiente; han mostrado indiferencia y escasa comunicación con los afectados.
Las familias exigen justicia y transparencia, convencidas de la inocencia de sus seres queridos, y hacen un llamado a organizaciones humanitarias y a la sociedad civil para que los ayuden y visibilicen sus casos.
En el contexto de las detenciones postelectorales en Cojedes, un familiar de un detenido en un centro penitenciario distinto a la “Máxima de Tocuyito”, que prefiere no identificarse por temor a represalias, denuncia la gravedad de la situación. "Mi ser querido ha perdido más de 20 kilos desde su arresto. Esta pérdida extrema de peso es un indicativo claro de desnutrición, lo que no solo afecta su salud física, sino que también refleja condiciones inhumanas de reclusión".
La falta de acceso a alimentos adecuados y agua potable es alarmante. "Las visitas son limitadas a 30 minutos cada 15 días, lo que impide conocer su estado real", explica. Además, se les ha negado el derecho a elegir abogados privados; solo se les asignan defensores públicos que no brindan el apoyo necesario. Esta situación es una violación directa al derecho a una defensa justa y adecuada, consagrado en la Constitución.
La combinación de estas condiciones crea un ambiente de desesperanza y temor. Las familias están angustiadas por la falta de información y el riesgo que corren sus seres queridos en un sistema que parece desentenderse de sus derechos fundamentales. Es esencial que estas injusticias sean visibilizadas para generar conciencia sobre la situación crítica en los centros penitenciarios del país.
El pasado domingo 4 de agosto, el alcalde del municipio Tinaquillo, Fernando Feo, fue arrestado por agentes del SEBIN mientras se trasladaba en su vehículo a la altura de Tocuyito, estado Carabobo. Desde entonces, se encuentra recluido en el Helicoide, enfrentando cargos por presunta incitación al odio, delitos informáticos y terrorismo.
Según fuentes cercanas, la salud del alcalde se reporta estable. No se le ha permitido contar con defensa privada; la organización FORO PENAL asumió su representación legal. Su esposa e hijos son los únicos autorizados para visitarlo y llevarle alimentos, medicinas y ropa limpia dos veces por semana.
En el Helicoide, comparte espacio con otros reclusos, quienes también preparan sus comidas. Hasta el momento, no ha sufrido agresiones físicas ni torturas.
El alcalde opositor del municipio Lima Blanco, Dr. Pedro Luis Sánchez, goza de alta popularidad en su gestión. Después de liderar una intensa campaña en la región a favor del candidato Edmundo González Urrutia, solicitó un reposo de 90 días por motivos de salud. La cámara municipal aprobó su solicitud en una sesión especial el 29 de agosto de 2024, juramentando al concejal José Antonio Solórzano (AD) como su reemplazo. Actualmente, Solórzano ejerce el cargo.
Sin embargo, extraoficialmente se ha conocido que la decisión de Sánchez de alejarse del cargo se debe a una presunta orden de captura emitida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Actualmente, Pedro Luis Sánchez se encuentra en España.
El miércoles 14 de agosto, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se presentaron en el Consejo Legislativo del Estado Cojedes con una supuesta lista de trabajadores requeridos por presuntos crímenes relacionados con el activismo político y las protestas posteriores a las elecciones.
Según información de las fuentes internas del (Clebc) que pidieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias, el SEBIN solicitó a varios empleados del parlamento regional, sin especificar cargos ni motivos concreto. (ningún trabajador fue detenido).
Las detenciones en Cojedes, en el marco de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales, evidencian una preocupante situación de violaciones a los derechos humanos y un intento de criminalizar la disidencia. Para los abogados de la región llanera y los familiares de los detenidos, es crucial que las ONG venezolanas y la comunidad internacional mantengan su atención sobre estos casos y ayuden a exigir justicia y respeto a las libertades fundamentales.
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